La hora de la verdad
El Govern debe ir hasta el final. Buscar una alternativa, como en el 2014, sería un fraude
Por Esther Vivas
'Habemus referendum'. Tras cinco años de movimiento independentista y tres desde que se hizo el 9-N, ahora sí se ha puesto toda la carne en el asador para que el 1 de octubre se pueda votar. La argumentación y la contrargumentación sin fin este miércoles en el Parlament, al más puro estilo filibusterista, son la mejor imagen de la desesperación de algunos para evitar lo que ya es inevitable. Nadie sabe si el referéndum se llegará a hacer o si la maquinaria represiva que se desencadenará podrá detenerlo. Lo que es seguro es que vamos hacia una colisión institucional y política inédita.
El procedimiento, con todos sus entresijos legales y jurídicos, ha sido el centro del debate parlamentario. Es cierto. El método no ha sido el deseable, pero seguramente era el único para que la mayoría parlamentaria comprometida con el referéndum lo pudiera llevar a cabo. Las piruetas efectuadas para convocarlo obedecen solo a un motivo: la actitud autoritaria del Gobierno de Mariano Rajoy y el aparato del Estado, que niegan una demanda democrática elemental. Lo mejor hubiese sido un referéndum legal y acordado. El Gobierno del Estado no lo ha querido así. Las críticas al procedimiento suenan a excusas.
Fracaso de la estrategia de judicialización
La ofensiva del Partido Popular para frenar el proceso le ha estallado en la cara. Su estrategia de judicializar la vida política en Catalunya ha resultado ser un fracaso. Las leyes y reformas del Tribunal Constitucional, hechas a medida para impedirlo, no han sido suficientes. Detener el 1-O le obligará a medidas más drásticas que pueden tener un coste político y de imagen elevado. El 'nuevo' PSOE de Pedro Sánchez tampoco tiene alternativa. La indisoluble unidad del Estado, junto con la Monarquía y la política económica, une a los dos grandes partidos del régimen del 78. Los problemas políticos no se pueden abordar por vías judiciales.
En el mapa político catalán queda por despejar la incógnita de Catalunya en Comú, obligada finalmente a tomar una posición después de sus vacilaciones sobre el carácter garantista o no de la convocatoria. Sería un error permanecer con un perfil bajo. La batalla del 1 de octubre no solo tiene que ver con la independencia. Es el futuro del marco político-institucional nacido en 1978 el que está en juego.
Lo decisivo empieza ahora
Ni PP ni PSOE nunca hubiesen imaginado que se llegaría tan lejos. Tampoco seguramente aquellos que desde las instituciones catalanas han pilotado el proceso. El 'pas al costat' de varios 'consellers' este verano muestra cómo algunos entraron en el Govern sin creerse la hoja de ruta de un Ejecutivo que ya no solo hablaba de referéndum sino de independencia en 18 meses. Menuda hipocresía.
Sin embargo, lo decisivo empieza ahora. El Govern de la Generalitat tiene el desafío de ir hasta el final y asumir las consecuencias. No hacerlo y buscar una senda alternativa, como en el 2014, sería un fraude. El referéndum ya está convocado. Existe sobre el papel. Ahora falta materializarlo. La dialéctica entre determinación y desobediencia institucional y movilización en la calle será clave.