Catalunya:
Alargar la excepción para impedir la solución
David Fernández
Año nuevo con las viejas excepciones de siempre, la agenda política catalana arrancará en breve, a la sombra prevista de un 22 de enero marcado en rojo en el calendario y bajo los compases del mayor juicio político revivido en Catalunya desde las postrimerías franquistas.
Días de enero y silencio en la sala, se juzgará por rebelión a nueve hombres y tres mujeres: la presidenta encarcelada del Parlament, medio Gobierno catalán entre rejas y los dos portavoces presos de los dos mayores organismos civiles y sociales, Ómnium Cultural y la ANC. Ahí es nada, solo en falsa apariencia demofóbica: en realidad, a quien obligan a sentarse en el banquillo de los acusados es a la mayoría social catalana y al derecho de autodeterminación. Pretenden condenar a unos pocos, sí, pero para sentenciar a unos muchos. Como mínimo, proceso al procès, a la dignidad de dos millones de catalanes y catalanas, aunque la afectación ejemplarizante impactará en toda la sociedad. Manuales represivos que triunfan en corto pero fracasan en largo, el Estado español ya ha asumido que la hipotética victoria sobre el independentismo solo se puede forjar sobre el órdago de la devaluación democrática, la regresión represiva y la degradación judicial, aunque Estrasburgo lo tumbe dentro de unos años. Santiago y cierra España, que ancha es Castilla. Patadón y pa’lante.